Presumen ser policías de élite, pero ONGs denuncian desapariciones forzadas y asesinatos, entre ellas, la de Camargo.

En agosto de 2020 el gobierno de Tamaulipas presentó al Grupo de Operaciones Especiales, el grupo de élite de la Policía Estatal que con helicópteros, drones y la “mejor capacitación” harían frente a la delincuencia en esa entidad fronteriza. Sin embargo, la historia ha sido distinta y las denuncias contra estos elementos se acumulan. Ciudad Mier, Nuevo Laredo y recientemente Camargo, donde fueron asesinados 19 personas, entre ellos migrantes guatemaltecos.

Los elementos conocidos como GOPES, antes conocidos como CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas) acumulan quejas ante las autoridades de derechos humanos estatales y nacionales.

Hoy vuelven a estar bajo escrutinio público porque algunos de sus integrantes forman parte del grupo de uniformados señalados por la masacre de Camargo.

El gobernador del estado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, presumió en agosto pasado a este grupo de élite, al destacar que sus elementos están certificados y fueron seleccionados previamente con base en sus capacidades y aptitudes, después de ser sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza.

Sin embargo, Raymundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien documentó el montaje que orquestaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales para hacer pasar a ciudadanos por delincuentes y ejecutarlos, dijo que tras lo ocurrido en Camargo y la participación de 12 policías estatales, entre ellos elementos de los GOPES, es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Aseguró que no hay confianza en la actuación de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia de Tamaulipas.

“En esta región de Tamaulipas conocida como la frontera chica, hace más de un año la seguridad está a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal y existen una serie de quejas por abusos de autoridad, tortura y desapariciones forzadas que no son investigadas por la Fiscalía del estado”, destacó el defensor de derechos humanos.

Información de Milenio